La Declaración de Chiapas

Reclamamos un cambio genuino. No podemos admitir que las minorías y los pueblos indígenas sean los miembros más vulnerables de nuestras sociedades y que sigan estando excluidos de la adopción de decisiones que afectan sus vidas y el futuro de nuestros países.

Afirmamos que las minorías y los pueblos indígenas tienen el derecho inalienable a la plena participación en pie de igualdad en nuestras naciones. Este derecho se ha de traducir en políticas públicas sensibles a su situación, sus necesidades y sus aspiraciones, que deben ir acompañadas de suficientes recursos. Ello exige la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas en todos los niveles de Gobierno, y en particular, en los parlamentos nacionales y regionales. Todas las políticas públicas deben haber sido objeto de consultas previas con las comunidades minoritarias y los pueblos indígenas.

Afirmamos, además, la responsabilidad de los partidos políticos de promover la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas, y de incluir sus intereses en los programas de los partidos.

Instamos a todos los parlamentos a que en los dos años próximos realicen lo siguiente:

1. celebren un debate especial sobre la situación de las minorías y los pueblos indígenas en sus respectivos países; reconozcan la diversidad de la sociedad, y adopten un plan de acción a fin de hacer efectivo el derecho de las minorías y los pueblos indígenas a la participación en pie de igualdad y a la no discriminación;

2. adopten y pongan en práctica leyes encaminadas a poner fin a la discriminación y conseguir la participación efectiva de las minorías y los pueblos indígenas en la adopción de decisiones, incluso en el parlamento, velando al mismo tiempo por la participación efectiva de las mujeres pertenecientes a minorías y pueblos indígenas. Allí donde dichas leyes ya existan, evaluar su eficacia e introducir modificaciones cuando así proceda;

3. velar por la transparencia del proceso legislativo y por la disponibilidad inmediata de las actas parlamentarias, a fin de que las minorías y los pueblos indígenas puedan hacer un seguimiento de las actividades de sus representantes, y puedan así exigir una rendición de cuentas de sus acciones y omisiones.

Pedimos a la UIP que dirija la recopilación de datos sobre la representación de las minorías y los pueblos indígenas en el parlamento, teniendo debidamente en cuenta las preocupaciones respecto de la intimidad y el derecho de todas las personas a elegir su propia identidad. También pedimos a la UIP que vigile la puesta en práctica de la presente Declaración, que facilite la comunicación entre los parlamentos y que convoque una reunión de seguimiento en un plazo de dos años, para analizar la evolución y establecer metas para las actuaciones futuras.

Recomendamos que, cuando los parlamentos elaboren sus planes de acción, contemplen, como mínimo, los elementos detallados a continuación:

1. cerciorarse de la observancia del derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, en todas las etapas de la formulación y aprobación de medidas legislativas y administrativas que les afectan; y de hacer rendir cuentas al gobierno por el cumplimiento de esas medidas;

2. exigir al gobierno que toda presentación de proyecto de ley o del presupuesto vaya acompañada de una evaluación de las repercusiones previstas sobre las minorías y los pueblos indígenas;

3. utilizar con regularidad las sesiones plenarias y demás foros parlamentarios para discutir asuntos de las minorías y los pueblos indígenas, a fin de crear conciencia y luchar contra los prejuicios en la sociedad. Del mismo modo, organizar sesiones de sensibilización destinadas a todos los parlamentarios para que conozcan más a las minorías y los pueblos indígenas y los problemas específicos que se les plantean; velar por la inclusión de las cuestiones de las minorías y los pueblos indígenas en la labor parlamentaria, en especial en el ámbito de las comisiones;

4. asignar recursos suficientes a las tareas que supone entablar el diálogo entre las comunidades minoritarias y los pueblos indígenas y las instituciones públicas. De manera análoga, asignar recursos suficientes a las comisiones parlamentarias encargadas de cuestiones indígenas y de las minorías, para que puedan desarrollar actividades sobre el terreno, como reuniones públicas con esos grupos;

5. familiarizar más a los parlamentos con el trabajo en marcha con el sistema de las Naciones Unidas, a fin de que estén mejor preparados para hacer rendir cuentas al gobierno sobre los compromisos internacionales que ha asumido, incluida la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más concretamente, instar a la ratificación del Convenio no 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, y la aplicación de las Declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de las minorías (1992) y de los pueblos indígenas (2007). Celebrar debates parlamentarios sobre las conclusiones y recomendaciones formuladas por los órganos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas creados en virtud de los tratados de derechos humanos, en relación con los derechos de las minorías y los pueblos indígenas.

Adoptada con el consenso de los participantes en la Conferencia Parlamentaria Internacional sobre “Los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política efectiva”, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (México), el 3 de noviembre de 2010.

Download a printable version of the Chiapas Declaration

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